La Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos
Bolivia (AJDH) tiene el honor de anunciar la
presentación oficial de los resultados de su
investigación sobre los presos políticos en Bolivia, la
cual se ha desarrollado durante 2024. Este evento se
llevará a cabo en la última semana de noviembre y
marcará también el lanzamiento público oficial de la
ADHB como una organización comprometida con la
defensa y promoción de los derechos humanos en el
país.
Detalles del Evento
Fecha: Última semana de noviembre de 2024 (fecha
exacta por confirmar).
Lugar: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Modalidad: Evento presencial con transmisión en línea.
Primeramente, cabe aclarar que se hizo una diferenciación de los cívicos de Santa Cruz y miembros de ADEPCOCA respecto a otros actores de la sociedad civil, puesto que ambas organizaciones sufrieron altos índices de persecución política entre sus miembros. El conflicto de ADEPCOCA, que data de hace varios años, ha sido respondido con un alto nivel de violencia por el Estado, actuando de manera represiva en las manifestaciones de dicha organización. En este contexto también se realizaron varias detenciones contra sus miembros, incluyendo procesos penales y detenciones preventivas prolongadas contra Franklin Gutierrez y César Apaza, ex dirigentes de esta organización. El trato que recibieron por parte del sistema penitenciario boliviano fue catalogado como tortura en más de una ocasión.
Por su parte, los cívicos de Santa Cruz fueron detenidos en diversas oportunidades por realizar protestas contra el Movimiento al Socialismo como partido oficialista y detentor del poder estatal. Miembros del Comité Cívico pro Santa Cruz fueron detenidos en el marco de protestas pacíficas sin argumentos ni sustento suficiente para el accionar policial. En el caso de la vigilia del 15 de octubre de 2019, cerca al cambódromo de Santa Cruz, ni siquiera se les expresó motivo para detener a los cívicos que participaban de dicha manifestación[1]. Con referencia al grupo de funcionarios públicos, cabe aclarar que la mayoría de estos fueron detenidos por el gobierno que les sucedió en la gestión pública, acusándolos de actos irregulares durante sus gestiones. Llama la atención que los 144 civiles que sufrieron persecución política fueron detenidos durante manifestaciones públicas contrarias a la gestión gubernamental. Esto tiene especial relevancia porque, en su mayoría, ni siquiera son miembros de organizaciones opositoras, son ciudadanos ejerciendo su libertad de reunión pacífica y su derecho a la protesta. La cantidad de detenidos durante protestas o cualquier tipo de manifestación social muestra la tendencia de los gobiernos bolivianos a actuar de manera arbitraria contra grupos que expresan disconformidad o demandas contra el Estado. Al respecto, el caso con mayor número de implicados ocurrió en la época de la crisis electoral de 2019.
[1] Comité Nacional de Defensa de la Democracia - Conade (15/10/2019) Detuvieron a activistas en el Cambodromo de Santa Cruz. [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/watch/? v=429879644330358
Cabe aclarar que la falta de información sobre los casos estudiados complejiza la tarea de identificar todas las vulneraciones que sufren las personas que son detenidas. Eso sí, se tiene constancia de la desproporcionalidad en las acciones del gobierno, puesto que en muchos de los casos se han efectuado detenciones violentas y/o carentes de suficiente fundamento. Al respecto, uno de los casos que retrata la falta de información es el de las detenciones en los conflictos posteriores a la detención del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. La detención de 49 manifestantes solo fue informada en las redes sociales personales del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, sin la posibilidad de verificar estos datos con otras fuentes. Del Castillo indicó que los detenidos incurrieron en los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, asociación delictuosa, incendios, instigación pública a delinquir y robo agravado, sin siquiera una segunda fuente estatal que puedan corroborar estos hechos. Si bien la temporada en la que ocurrieron estos sucesos hacía complicado el seguimiento (estos sucesos ocurrieron entre el 28 de diciembre y el 2 de enero), no es justificativo suficiente para que la información escasee de tal manera.
Comparación del número total de personas perseguidas y detenidas políticamente bajo los gobiernos de Luis Arce (267), Jeanine Áñez (16) y Evo Morales (64), con un total de 347. Luis Arce concentra el mayor número de casos, lo que indica un incremento significativo en persecuciones/detenciones políticas en su gestión.
Desglose entre perseguidos y detenidos: Arce (267 perseguidos, 177 detenidos), Áñez (16 perseguidos, 0 detenidos), Morales (64 perseguidos, 2 detenidos). La mayoría de los perseguidos bajo Arce también fueron detenidos, lo que sugiere un uso intensivo del aparato judicial.
Distribución de perseguidos entre detenidos y en libertad. En libertad: Arce (40), Áñez (16), Morales (48).
Una proporción importante de perseguidos bajo Arce y Morales se encuentra actualmente en libertad, lo que puede implicar medidas judiciales no restrictivas o liberaciones posteriores.
Mayor número de perseguidos pertenecen al sector civil, seguido por el gobierno central, organizaciones sociales y cívicas. Predomina Arce como agresor. La persecución política bajo Arce afecta principalmente a civiles y funcionarios estatales, lo que podría implicar un uso selectivo del poder contra la oposición institucional.
Distribución específica bajo Arce: Civiles (82), Gob. Central (79), Org. Sociales (46), Org. Cívicas (45). La tendencia confirma la orientación de la persecución hacia civiles y estructuras organizadas de oposición.
Predominio masculino en todos los gobiernos: Arce (239 hombres, 28 mujeres), Áñez (10 hombres, 6 mujeres), Morales (54 hombres, 10 mujeres). El fenómeno afecta más a hombres, posiblemente por roles predominantes en oposición política u organizaciones afectadas.
Concentración en La Paz (Arce: 131), Santa Cruz (Arce: 121), Morales (49 en Santa Cruz). La persecución se focaliza en centros políticos clave (La Paz, Santa Cruz), lo que podría reflejar mayor actividad opositora o visibilidad política.
Santa Cruz (49.28%), La Paz (46.11%), Otros (4.61%). Estas dos regiones concentran más del 95% de los casos, mostrando una geopolítica del conflicto y persecución política.
Clasificación por estado: sin información (57), libertad (104), fallecidos (3), sentencia (21), exilio (4), detención domiciliaria (76), preventiva (82). La mayor parte sigue sin resolución judicial clara o está bajo detención preventiva/domiciliaria, lo que sugiere judicialización prolongada o punitivismo.
Datos similares al gráfico anterior, centrado en Arce: 82 en preventiva, 75 domiciliaria, 20 con sentencia, 47 sin información. Alta concentración en medidas cautelares sin sentencia, lo cual apunta a una política de criminalización a través de la prisión preventiva.
Se evidencia una tendencia a imputar delitos comunes y graves, como asociación delictuosa, terrorismo, robo, daño a la propiedad, con una carga simbólica fuerte, lo cual sugiere criminalización del disenso político mediante el uso de tipos penales amplios o vagos. La presencia de delitos como genocidio, homicidio o asesinato, aunque menos frecuentes, refuerza la gravedad de las imputaciones, posiblemente con un impacto intimidante. Muchos de estos delitos permiten la detención preventiva prolongada y el uso de medidas cautelares severas, lo que indica una posible estrategia jurídica de desgaste político. El gráfico también refleja una posible instrumentalización del sistema penal para fines políticos, especialmente cuando los delitos no se investigan adecuadamente o no llegan a juicio.
Presentación de la Investigación sobre Presos
Políticos en Bolivia 2024 y Lanzamiento Público
de la AJDH
La Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos
Bolivia (AJDH) tiene el honor de anunciar la
presentación oficial de los resultados de su
investigación sobre los presos políticos en Bolivia,
la cual se ha desarrollado durante 2024. Este
evento se llevará a cabo en la última semana de
noviembre y marcará también el lanzamiento
público oficial de la ADHB como una
organización comprometida con la defensa y
promoción de los derechos humanos en el país.
Detalles del Evento
Fecha: Última semana de noviembre de 2024
(fecha exacta por confirmar).
Lugar: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Modalidad: Evento presencial con transmisión en
línea
Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos Bolivia (AJDHB) ha emprendido una investigación exhaustiva sobre las violaciones de derechos humanos relacionadas con los presos políticos en Bolivia durante 2024. Este estudio, fundamentado en una metodología cualitativa con un enfoque narrativo, busca visibilizar los abusos cometidos por el Estado, promover la defensa legal de las víctimas y lograr un reconocimiento internacional de estos casos.
La investigación cualitativa permite explorar en profundidad las experiencias humanas, capturando la complejidad de las realidades sociales. El enfoque narrativo, en particular, se centra en las historias de vida y experiencias personales de los individuos, proporcionando una comprensión detallada de cómo las personas interpretan y dan sentido a sus vivencias Este enfoque es especialmente útil para documentar y analizar las experiencias de los presos políticos, sus familias y sus defensores, permitiendo que sus voces sean escuchadas y comprendidas en su contexto sociopolítico. Los derechos humanos en Bolivia han estado históricamente expuestos a vulneraciones bajo diferentes regímenes autoritarios y, en la actualidad, la situación no ha mejorado significativamente. La gestión de los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Añez, y Luis Arce ha estado marcada por una serie de abusos de poder y persecuciones políticas, que han dado lugar a la criminalización de la disidencia, represión de periodistas y activistas, y detenciones arbitrarias bajo cargos políticos. Principales violaciones identificadas:
La AJDHB presenta su programa formativo sobre derechos humanos, basado en pedagogías de la aliadad y alteridad
En el marco de los resultados preliminares de nuestra investigación sobre persecución política, la AJDHB ha diseñado
un programa formativo integral que será lanzado a finales de este año. Este programa tiene como base la investigación
doctoral del activista Waldo Albarracín, quien explora el proceso de enseñanza y aprendizaje de los derechos humanos
desde enfoques de aliadad y alteridad.
El programa tiene como objetivo empoderar a líderes comunitarios, activistas y profesionales del derecho en el uso
estratégico de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Las capacitaciones se enfocarán
en:
Litigio estratégico: Casos prácticos para presentar denuncias ante la CIDH y otras instancias internacionales.
Metodología participativa: Talleres que promuevan la cooperación desde la perspectiva de las víctimas y comunidades
afectadas.
Promoción de la justicia inclusiva: Reflexiones sobre las pedagogías de aliadad y alteridad como herramientas de
cambio social.
Estas capacitaciones no solo buscan fortalecer las capacidades locales, sino también construir puentes entre los
resultados de nuestra investigación y las acciones formativas. Agradecemos a nuestros aliados nacionales e
internacionales por apoyar esta iniciativa transformadora.
INSCRIPCIONES ABIERTAS
PRÓXIMAMENTE.
Desplazamiento Forzado Global: A finales de 2023, más de
110 millones de personas en todo el mundo fueron
desplazadas forzosamente debido a conflictos, violencia y
persecución, marcando un incremento significativo
respecto al año anterior.
Human Rights Watch
Pena de Muerte: En 2023, se registraron al menos 579
ejecuciones en 18 países, lo que representa un aumento del
20% en comparación con 2022. La mayoría de estas
ejecuciones ocurrieron en China, Irán, Arabia Saudita, Irak y
Egipto.
Human Rights Watch
Libertad de Prensa: Según Reporteros Sin Fronteras, en
2023, 50 periodistas fueron asesinados y más de 400
encarcelados en todo el mundo, reflejando un entorno cada
vez más hostil para la libertad de prensa.
Human Rights Watch
Trabajo Infantil: La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) informó que, en 2023, aproximadamente 160 millones
de niños estaban involucrados en trabajo infantil, con un
aumento de 8,4 millones en los últimos cuatro años.
Human Rights Watch
Acceso al Agua Potable: En 2023, 2.200 millones de personas
carecían de acceso a agua potable gestionada de manera
segura, lo que representa el 29% de la población mundial.
Human Rights Watch
Educación en Zonas de Conflicto: Más de 75 millones de niños
en edad escolar en 35 países afectados por crisis no tienen
acceso a la educación, según datos de UNICEF de 2023.
Human Rights Watch
Desigualdad de Ingresos: El 10% más rico de la población
mundial posee el 52% de los ingresos globales, mientras que el
50% más pobre recibe solo el 8%, según el Informe sobre la
Desigualdad Global 2023.
Human Rights Watch
Violencia contra Personas LGBTIQ+: En 2023, al menos 350
personas transgénero y de género diverso fueron asesinadas en
todo el mundo, siendo América Latina la región con el mayor
número de casos.
Human Rights Watch
Crisis de Refugiados: Turquía acogió a 3,7 millones de refugiados
en 2023, la cifra más alta a nivel mundial, seguida por Colombia
con 1,7 millones y Pakistán con 1,4 millones.
Human Rights Watch
Cambio Climático y Desplazamiento: En 2023, 30,7 millones de
personas fueron desplazadas internamente debido a desastres
naturales, un aumento del 40% respecto al año anterior, según
el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno.
Human Rights Watch